En Bolivia, la tensión política alcanzó un nuevo nivel cuando legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), afines al expresidente Evo Morales, interrumpieron violentamente la sesión en la Asamblea Legislativa el pasado 8 de noviembre. Durante esta sesión, el presidente Luis Arce debía presentar su informe de gestión al cumplir cuatro años de mandato.
El vicepresidente David Choquehuanca, a cargo de presidir la Asamblea, fue blanco de ataques por parte del ala “evista” del MAS. Los parlamentarios destrozaron arreglos florales y lanzaron objetos como tomates y agua hacia el estrado, obligando a Choquehuanca a retirarse y suspendiendo la sesión.
El distanciamiento entre Arce y Morales, iniciado en 2021, se ha convertido en un conflicto abierto dentro del partido oficialista. Las diferencias abarcan desde el manejo del partido hasta las aspiraciones de Morales de ser candidato en 2025, lo que contrasta con las prioridades de Arce en su gestión actual. Esta disputa se agrava con las acusaciones penales contra Morales por supuestos casos de trata de personas, lo que sus seguidores califican de persecución política.
En medio de esta pugna, Bolivia enfrenta desafíos económicos significativos, como la falta de divisas y el encarecimiento de productos básicos. Arce, en su quinto y último año de gestión, también lidia con las repercusiones políticas de los recientes bloqueos de carreteras organizados por los partidarios de Morales, que paralizaron al país durante casi un mes.
Morales, por su parte, utilizó la red social X (antes Twitter) para criticar la gestión de Arce, acusándolo de traicionar al pueblo boliviano al no cumplir sus compromisos económicos y sociales, además de dividir al partido.
El informe presidencial de Arce se llevará a cabo fuera del Parlamento, en un evento público en la Plaza Murillo. Este contexto de enfrentamientos internos y crisis económicas marca uno de los momentos más complejos para el MAS y para Bolivia en general.
